Después del martes negro, en el que la PGR y el Ejército ingresaron en el estado de Michoacán, para allanar diversas instalaciones del Ejecutivo estatal y de las presidencias municipales, la escalada de acciones militares se ha incrementado sin que los resultados se muestren por algún lado, al no ser la detención de La Minsa que provocó la reacción, supuestamente del grupo La Familia, con los 19 ataques en contra de destacamentos de la PGR. La reacción de la Federación ha sido la de multiplicar los efectivos y contar ahora con un número superior al que se ha informado, en verdad, no menos de 10 mil militares, se encuentran en el estado de Michoacán, y según el gobernador, Leonel Godoy, sin las más elemental coordinación con las policías estatales y municipales.

Hay comentarios desde la sociedad civil, como es el caso de la Iglesia católica y de organizaciones del Frente Amplio  Sindical y Social, FASSEM, que se han pronunciado porque se ponga fin al diferendo entre la Federación y el Gobierno del Estado. Pero además el tema no puede agotarse en la batalla simplista de policías y ladrones, sino dando salida a la crisis de un campo michoacano que es el que más aporta a la emigración a  los EU y al interior de la República. Es el estado que cuenta con más de un Michoacán fuera, tiene más habitantes en el exterior buscando una oportunidad de vida, porque aquí, los políticos no han podido generar más empleo, desarrollo de la economía regional,  mucho menos la combinación de inversión de la Federación y del Estado en proyectos estratégicos, que generen empleos directos e indirectos, como pudo ser la empresa china de automóviles y se fue, o como los que quieren venir pero no ven acuerdos estratégicos entre Estado y Federación.