Hasta ahora, después del martes negro, desde la Federación se ha creado un clima de ingobernabilidad y de atropello a los michoacanos como no se tiene memoria, al menos después de la intervención del Ejército en 1963, cuando fue tomada la Universidad Michoacana por el Ejército y asesinado Manuel Oropeza García en las azoteas del Colegio de San Nicolás. Aparentemente, sin demostrar, el procurador general de la República, ha señalado que se trata del desmantelamiento de una red de complicidad de funcionarios del Gobierno en el Estado, presidentes municipales y de las policías estatal y municipales, presuntamente, sin demostrar hasta ahora, con el grupo del crimen organizado La Familia, y sin que se atuvieran a las garantías individuales, al derecho de ser requerido para acudir a un juzgado para que un juez le citara y le llevara el caso, presidentes municipales y funcionarios del Gobierno del Estado sufrieron un “levantón colectivo” comandado por la PGR, la SIEDO y respaldados por el Ejército Mexicano.

 En primer lugar, es evidente que el poder civil en México, ese que usted y todos elegimos, ya no el que gobierna, en los hechos, las garantías individuales han sido suspendidas para el listado que los militares hagan en sus escritorios, sobre una supuesta complicidad con los diversos grupos del crimen organizado y sin que el Ejecutivo del Estado, Leonel Godoy fuera enterado de estos movimientos militares, invadieron el estado de Michoacán y tomaron por su cuenta la procuración de justicia, sin que el carácter de Michoacán, de Estado Libre y Soberano tuviera que ver con el estatus de sus ciudadanos y ser tratados conforme a derecho. En necesario que el Estado de Derecho de la Federación sea la estructura conceptual sobre la relación entre la construcción de una Federación que se sustenta en la construcción inicial de los Estados Libres y Soberanos, que estos son los que constituyen ese pacto confederado entre los 31 estados de la República y la ciudad de México con régimen similar al de cada entidad.

A Los Pinos, la nueva cultura del combate a la violencia del crimen organizado con la violencia, les ha conducido, primero a hacer solos el trabajo militar de la procuración de justicia, siendo selectivos en el tratamiento con los ejecutivos de los estados.  El gobernador de Morelos recibió el tratamiento de confianza para convertir el conocimiento de sospechas y de complicidad demostrada de algunos de sus colaboradores para comparecer ante todo el país como una de los líderes de la segunda línea del poder público que se incorpora al proyecto del Presidente de la República, en cambio, en el caso de Zacatecas y de Michoacán, no hubo la más elemental comunicación, si usted quiere, siquiera para avisar. Creo que Leonel Godoy, Gobernador del Estado, tiene que ser más puntual en relación a la nota de extrañamiento que dirige al procurador general de la República, él no es un actor que se puede mover en el complejo de la procuración de justicia, dirigida al orden de Gobierno estatal y municipal en Michoacán, sin que el Presidente de la República acuerde y mande que se ejecuten esas acciones. Leonel Godoy tiene claro y debe extremar la formalidad constitucional con el pacto federal y disminuir la diplomacia, este es el tiempo de exigir el respeto incondicional del Pacto Federal, en este brutal allanamiento de la soberanía del Estado Libre y Soberano de Michoacán.

Estos grupos militares, comandados por la Federación, se han comportado como si la Federación estuviera en guerra contra Michoacán, como si el Congreso de la Unión hubiera suspendido los derechos ciudadanos y, los militares, en efectivo golpe de Estado, se hicieran cargo de los poderes en la entidad. Dirigieron el golpe a 10 presidentes municipales y más de 15 funcionarios que en su ejercicio público habían recibido amenazas de extorción, en su mayoría, y habían reportado al Gobierno del Estado, y éste informó a la PGR, de la amenaza y operación de actos de extorsión de los grupos de la delincuencia y no se hizo presente la Policía Federal ni la inteligencia Militar, ni nadie para explicar de la muerte de directores de policía de Maravatío, Puruándiro, de su director de Seguridad, del síndico de Zamora, de la secretaria de Uruapan, y un listado largo de asesinatos de funcionarios, que hayan tenido respuesta hasta sobre el seguimiento y conclusión de las investigaciones. No quiero pensar que, como acusó en un momento dado el cártel de Sinaloa al gobierno de Fox, de haberse asociado a otro cártel para infiltrarlo y luego para asociarse en las redadas con activos del crimen para liquidar la competencia delincuencial, a otro cártel.

Hay que decirlo, no ha habido la más mínima acción de inteligencia y de investigación para dar seguimiento a delitos del fuero federal, no se ha establecido la comunicación y colaboración con el Gobierno del Estado o con los municipios, en una acción preventiva, de formación de los cuerpos de prevención del delito, como acción concertada con los otros órdenes de gobierno, el estatal y el municipal como una cultura que se inculca y se fortalece en toda la sociedad michoacana y no sólo en los cuerpos policiacos. No, esto no ha sucedido, porque lo que impera es la militarización de las acciones contra el crimen y no lo entienden como un fenómeno social, como una consecuencia directa de la incapacidad de los gobiernos, de la política federal en especial para combatir las fuentes, las condiciones que hacen posible el crecimiento y posesión del crimen, de los mimos poderes públicos y no sólo de la posesión del poder de las policías. En Michoacán finalmente, a los cuerpos de policía del Estado, los han tomado como otro grupo de la delincuencia, y se ha generado una incertidumbre y falta de credibilidad en el Gobierno Federal, porque se ha probado y publicado la infiltración comprobada en sus altos mandos, y con su actuar fuera de la ley, con la agresión a la soberanía del estado de Michoacán, se comporta también como otro grupo que actúa direccionando sus acciones contra otro grupo del crimen organizado.

Recuerdo El Mareño, aquella intervención de la Policía Federal, apoyada por la DEA norteamericana, que masacró a una familia, cerca de Vista Hermosa, Michoacán, entonces el Ing. Cárdenas, gobernador del Estado, demandó a la Federación la salida inmediata de la entidad de todo personal vinculado a esta acción y fue a Los Pinos a pedir explicación. Hoy debemos apoyar a Leonel Godoy, que exija una explicación de Los Pinos, que en este lapso, pida, como Gobernador del Estado Libre y Soberano de Michoacán, que salga la SIEDO, la PGR y el Ejército mientras no den explicación suficiente sobre su comportamiento a la usanza de otro grupo del delito organizado, que la PGR ofrezca una disculpa pública al pueblo de Michoacán y al Gobernador del Estado por el allanamiento de la soberanía del Gobierno de Michoacán. Que los presidentes, cuentan con fuero para una acción fuera de la ley de cualquier cuerpo militar, pero sobre todo, porque Michoacán es un estado federado, sí, pero primero es soberanía, sobre todo ante la Federación, es más, ésta, debe ser garante de los derechos que se consignan en la Constitución Federal de la República. La sociedad civil, organizaciones sindicales y de la sociedad civil, se han acercado para comentar, que estamos de acuerdo con el combate al crimen, pero no imponiendo a los militares de la Federación sobre y contra el poder civilista del estado de Michoacán.