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Mucho se dice ahora, que las elecciones intermedias para nombrar a los diputados federales se convierte en un referente para evaluar, no sólo el trabajo de la Presidencia de la República, sino también a los partidos políticos, a los resultados de la administración pública, tanto federal, como la estatal y la municipal. Ya nadie puede ocultar lo que sucede al seno de los partidos, su lealtad a los principios o a una idea sobre el tipo de sociedad que se impulsa como declaración de principios, su doctrina, y cómo se pretende sustanciar desde la administración de lo público, en los diferentes órdenes de gobierno.
Incluso, el tabú aquel de la democracia al interior de cada partido, que era asunto discrecionalidad de cada estructura, se ha echado abajo y se convierte en otro más de los asuntos públicos de la democracia que se tiene que resolver en los escenarios de los órganos electorales. Naturalmente que las elecciones son también un recuento de cómo se resuelven los problemas estructurales. El de la seguridad pública por ejemplo, que fue uno de los ejes de campaña, diría inclusive, que era el fundamental, con el que combatió el PAN frente a las prioridades entre las que el PRI destacó su capacidad para enfrentar la crisis, para construir una sociedad que pondera la solución de la economía nacional y la capacidad para generar empleo, deuda que el PAN mantiene en sus acciones cotidianas de gobierno a partir de la Federación. El PRD, no pude rebasar los efectos de su división interna y los promocionales de campaña que se promovían desde Jesús Ortega, que introducía a una niña para ofertar su política, desmerece en mucho la sustancia de una posición de izquierda, de una exigencia de razonar el voto, porque el discurso que explica el cambio hacia el sentido republicano y social así lo exige, que no es tan sencillo el problema abaratando los costos como hemos de cambiar una sociedad en crisis, y que además que la izquierda pierde el discurso del cambio social y lo concreta a propuestas de acciones imples de gobierno, comparece dispersa, en diversas fórmulas como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, promoviendo a Convergencia y al PT, por separado o en alianza, según el caso. La reflexión del ciudadano, de aquel que se hace cargo del análisis del papel de los partidos, de los resultados, no se quedó a la orilla del proceso. Interesante resulta, que a nivel nacional del voto razonado, la explicación que la sociedad tiene del peso y el compromiso del partido y los políticos para resolver el problema de la seguridad, de la oferta de empleos, de desarrollo regional para introducir a la provincia en nuevas rutas para romper con el círculo vicioso del abandono del poder público del campo, pero también de la introducción de una revolución industrial, reconvirtiendo el viejo aparato de producción mecánico por el movido por la informático, sin siquiera aspirar ya al desarrollo de la telemática y la robótica. El voto de castigo hacia la política del PRI, puso en evidencia en el 2000, que los mexicanos habían resuelto sacar de Los Pinos al modelo tricolor de gobierno, y la ciudadanía evidenció también, la pérdida de credibilidad de la sociedad mexicana, en un partido que recibió el apoyo amplio para que Zedillo fuera presidente, en los momentos críticos del magnicidio de Colosio, pero que en ese sexenio el desarrollo y la integración de la ciencia y la tecnología se mantuvo en menos del 0.5% del Producto Interno Bruto, mientras que los países del primer mundo se sitúan en un nivel del 5 al 9% que les permite dar respuestas de alta productividad de la producción. Pero el 5 de julio pasado, los mexicanos ciertamente no le restituyen la credibilidad sin condición a los políticos. El voto razonado, prefirió cruzar los colores del PRI, menos confrontado a su interior, con más orden, con una capacidad de solución de sus contradicciones, con más oficio político y que, de ser tercera fuerza en la Cámara de Diputados saliente, se ubica ya como la primera fuerza política nacional. El PAN comparece en estas elecciones, como el gran perdedor. Se combinan factores diversos en la ruptura de la ola azul que acompañó a la candidatura de Felipe Calderón en el 2006. Lo primero, es que el combate a la delincuencia, tomó en diversos estados de la República un matiz de campaña electoral, que se revirtió dramáticamente en su contra, porque no hay la menor duda de que los mexicanos quieren combatir al narcotráfico, a las estructuras del poder que ya va más allá de la simple producción y tráfico. La ciudadanía esperó al 5 de julio para enviarle un contundente mensaje a la Presidencia de la República y le hace perder cuando menos 71 diputaciones federales, arrebatándole su hegemonía en el Congreso de la Unión, para ésta, la segunda parte del sexenio. No sólo le envía el mensaje de que la violencia que hay que combatir, debe darse con estrategias que permitan liquidar la violencia de la delincuencia, sino que además no aprueba la violencia del Estado, en especial la que ha dejado en el camino a 12,000 muertos, sino también a la que se genera desde los cuerpos policiacos, distantes de entender que su origen más sólido es el fermento que significa la pobreza de al menos 57% de los mexicanos si nos atenemos a las cifras que dejó el propio Fox en el escenario del desarrollo social del país. Pero creo, que lo que más influyó en este abandono de la ciudadanía, fue la beligerancia con la que aparece el Presidente de la República en el tratamiento del gran problema de la seguridad nacional. Mal se le ve al Presidente, enfrentando desde las trincheras al crimen organizado, sin contar con la coordinación de los órdenes de Gobierno del Estado y de los municipios, pero también sin la parte social del combate. Desde la pobreza es que se nutre la cultura de la violencia, desde allí incluso se promueve la alternativa de resistencia a las políticas de gobierno, porque ofertan a los jóvenes, proyectos mejor remunerados, en los que se supone que la violencia es en contra de los ricos, de los que tienen el poder y no saben construir un modelo de distribución de la riqueza con equidad y con justicia social. El PRD, no termina aún de cerrar un proceso de confrontación de los liderazgos histórico del ingeniero Cárdenas y el liderazgo, de movilización permanente, de Andrés Manuel López Obrador. Esta beligerancia ha conducido a la izquierda, que se posicionó en la elección del 2009, en una tercera posición, sin resultados, pulverizada, sin unidad y perdiendo a por lo menos 40 diputaciones federales, con apenas el 12% en la voluntad electoral, aunque en lo estatal se lleva 8 diputaciones, frente a 4 del PAN y cero diputaciones para el PRI. Ojalá, que esta enseñanza del voto razonado y de castigo, -entendiendo al primero como la emigración a mejores candidaturas, y el segundo como el hartazgo político-, se entienda más como el movimiento de los ciudadanos, que razonan y mueven su voto hacia la posibilidad de una alternativa de cambio hacia mejor, aunque haya también otros, como el voto blanco y anulado, que se ubica a más de la mitad de la votación que recibió el PRD a nivel nacional, semejante también a lo que obtuvo el voto verde, más del 6% de los sufragios y que son también mensajes dirigidos al denunciar a los partidos y a políticos ociosos e irresponsables. En esta elección, este voto de castigo impone a los partidos, la necesidad de cuidar los efectos electorales, porque de ello dependerá en adelante, mantenerse o renovarse en el poder público nacional, pero también obliga a la agenda política a abrir los temas como la segunda vuelta para la elección de presidente de la República y los gobernadores si el triunfo no se obtiene en la primera vuelta, incluso a la gestión de cuatro años para la presidencia y para la gubernatura y también para las diputaciones. |